Hojeando los diarios del domingo, no pude menos que detenerme a pensar en una de las notas que Alejandro Borensztein escribió en su espacio humorístico de un diario matutino argentino. Se refería a la responsabilidad de exigir alguna suerte de examen o, por lo menos, una mínima idoneidad para ejercer cargos políticos que representan a la gente y, por ende, implican decisiones que importan a la mayoría de la ciudadanía.
Me detuve a pensar por qué me fue imposible no asociarlo con otros aspectos que también exigen responsabilidad y no sólo comprenden a los políticos, sino también a aquellas personas que por su trabajo todos los días tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan nuestras vidas.
En el caso específico de la salud, y puntualmente en el campo de los servicios para asistir a las personas mayores en domicilio, la reflexión que me vino en mente estuvo vinculada a uno de los temas que la Fundación Sidom lleva adelante en cuanto a la investigación de los servicios para las personas mayores en domicilio, relacionado a aspectos socio-ambientales, diagnósticos y criterios de atención.
Todos conocemos el impacto que en materia social y económica produce el progresivo aumento del envejecimiento poblacional. El estudio sostenido de los organismos internacionales respecto de los problemas que traen aparejadas la fragilidad y la vulnerabilidad en este sector es motivo de reflexión permanente, y es coincidente con encontrar un equilibrio entre sustentabilidad económica y equidad a la hora de otorgar beneficios que lleguen en primera instancia al que más lo necesite. Sin embargo, la amplia brecha que existe entre la declaración de los derechos de las personas mayores, vinculados a su situación socio-sanitaria, versus los servicios para prevenir y asistirlos, sigue siendo un punto que queda supeditado a criterios disímiles entre los responsables de ponderar y otorgar los beneficios.
Si bien la mayor responsabilidad recae en las instituciones públicas y privadas que llevan adelante distintos programas de atención, el ejercicio de ejecutarlas en terreno no obedece a criterios preestablecidos, basados en la filosofía misma del acto con protocolos vinculados a la persona en sí, sino que responden a cuestiones más cercanas a la burocracia administrativa y sustentabilidad económica del momento. Y, en el mejor de los casos, aún existiendo la posibilidad de otorgar un beneficio, el mismo no sigue un protocolo de riesgo socio-sanitario para evaluar, por lo que dos personas con igual diagnóstico y vulnerabilidad reciben tratamiento distinto o una no recibe nada.
Incluso en la actualidad se discute si los pacientes crónicos tienen que recibir o no asistencia en su casa para cuidados domiciliarios, trayendo a colación que por su discapacidad, dependencia y cronicidad, pasan a ser “pacientes sociales“.
Esta definición dudosa y arbitraria para no dar un servicio, o darlo de manera no equitativa por no responder a criterios sobre quién más lo necesita, lleva a una anarquía que pone en aprietos la sustentabilidad misma del sistema.
La falta de conocimiento sobre la real causa de derivación de servicios hacia la internación o asistencia domiciliaria produce una distorsión de la realidad donde, si bien se contempla la enfermedad de base y motivo de su internación, no se hace hincapié en las comorbilidades que en el transcurso del tiempo cambian el diagnóstico y, por ende, el plan terapéutico. Al estar las mismas relacionadas con la postración y cronicidad, terminan catalogándose como “situación social” y por lo tanto excluibles de la responsabilidad de darles el servicio.
Frente a esta situación que afecta a la mayoría de los países con alto nivel de envejecimiento poblacional, en general se trata de adaptar los servicios para que, en conjunto con la responsabilidad de la familia, puedan encontrar soluciones. Sin embargo muchas veces esto no ocurre o, peor aún, el paciente no tiene familia o tiene al cónyuge sin posibilidades de ayudar.
En estos casos la determinación de protocolos es fundamental para poder dar el servicio de manera equitativa y eficiente.
Concretamente en nuestro país, la decisión sobre quién tiene prioridad para recibir asistencia con cuidados prolongados en domicilio no responde a ningún criterio médico y social preestablecido. No existen protocolos de riesgo socio-sanitario con datos fehacientes que permitan asignar el beneficio, y la mayoría de las veces la responsabilidad recae en el médico de cabecera y luego en el personal de salud administrativo, quien tiene que enfrentarse a la dura realidad con la familia del beneficiario.
Es más, muchas veces ocurre el llamado “efecto de validez”, cita mencionada por Facundo Manes relacionada a las fake news, donde asevera que cuando más familiar nos resulta una creencia más verdadera nos parece. Esto se refleja también en la salud, ya que al no haber un criterio protocolizado para asignar el servicio, el personal sanitario se basa en criterios propios de decisión para otorgarlo, vinculados a sus emociones o creencias, corriendo así el riesgo de no haber sido equitativo.
Esto produce situaciones de inequidad por un lado y, por el otro, situaciones de mal manejo de los recursos presupuestarios asignados al servicio, ya que la derivación tiende a tener un criterio anárquico aunque haya existido buena voluntad en el procedimiento.
De nuestros trabajos de investigación pudimos obtener evidencia empírica para determinar cuál es la real situación socio-demográfica y de salud de las personas mayores en el ámbito de la región metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires) con resultados al alcance de todos y sobre datos estadísticos que pueden ser corroborados o investigados por todos los financiadores de la salud.
De aquí se desprende la importancia de la planificación basada en la investigación y la evidencia empírica para establecer procesos y protocolos que nos permitan asistir más y mejor, respetando el criterio de acceder al servicio a aquellos que más lo necesiten.
Tal vez con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud podamos dar un paso adelante, ya que es responsabilidad de todos encontrar soluciones a la problemática que genera el aumento del envejecimiento poblacional, y su repercusión en el ámbito de la salud en general y la asistencia de las enfermedades crónicas invalidantes o postrantes en particular.
Volviendo al inicio de la nota, es imprescindible que la responsabilidad para tomar decisiones y ejecutarlas en todos los niveles de la atención de la salud en domicilio lleve, además de la cuota de conocimiento, la idoneidad suficiente y la capacidad necesaria para observar protocolos que nos permitan hacer más sustentable y equitativo el proceso de adjudicación del servicio.
