La situación epidemiológica actual por COVID 19, y las consecuentes medidas sanitarias como el aislamiento social y obligatorio, han puesto en evidencia las desigualdades en la sociedad. La pandemia no afecta de la misma forma a los diferentes colectivos. Quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en esta crisis son las personas con menos recursos, las que dependen económicamente de trabajos precarios, las personas en situación de calle, las migrantes, las personas mayores. El género y la generación son dos variables que corren el riesgo de aumentar la brecha de desigualdad, considerando el colectivo de riesgo que representan las personas mayores, en un mayor porcentaje las mujeres, víctimas de violencia en sus diferentes modalidades, que se encuentran confinadas con sus perpetradores.
Sabemos que el hogar no siempre se configura como un lugar seguro, afectivo y de protección, ya que, en situaciones donde existe violencia intrafamiliar, este espacio se torna amenazante y riesgoso. El aislamiento preventivo es una medida necesaria para proteger la salud de las personas, pero representa un factor de riesgo en los casos de personas mayores que padecen situaciones de violencia en el ámbito doméstico y conviven con sus perpetradores. Además de incrementarse el riesgo en la frecuencia y gravedad de los hechos de violencia, se disminuyen las posibilidades de las víctimas de denunciar y de acceder a redes de apoyo social y comunitario.
La realidad del maltrato a la persona mayor es muy compleja, puede manifestarse en diferentes escenarios (social, institucional e intrafamiliar), presentarse de diversas formas (maltrato físico, psicológico, sexual, económico) y con múltiples factores de riesgo.
Los cambios demográficos asociados con la mayor esperanza de vida y sus implicancias en el ámbito social y familiar requieren prestar particular atención a la problemática de la violencia. El envejecimiento demográfico de la población puede tener repercusiones potenciales para la incidencia de maltrato hacia las personas mayores en los ámbitos familiar y social. Las proyecciones sugieren que la proporción de personas mayores no sólo continuará incrementándose, sino que también la franja de personas mayores que está por sobre los 75 años también crecerá, con el consiguiente riesgo para los problemas de salud y con demandas de cuidados que también se incrementarán. Dentro de Latinoamérica, Argentina es uno de los países con mayor cantidad de población envejecida. En este contexto, la pandemia saca a la luz una multiplicidad de situaciones críticas para este grupo de edad. Por un lado, la cantidad de personas mayores que viven solas y que carecen de redes de apoyo social y son víctimas de maltrato estructural, en tanto carecen de recursos para solventar sus necesidades básicas. Por otra parte, la crisis socioeconómica que ha incrementado la convivencia multigeneracional, tres o cuatro generaciones juntas, con el consiguiente aumento de las tensiones y de los niveles de sobrecarga en quienes cumplen la función de cuidadores de personas mayores dependientes. Esto se agrava con el incremento de problemas económicos que trajo el desempleo durante la cuarentena y el aumento de los niveles de frustración en los varones que ejercen violencia al sentir que han perdido el control en otros aspectos de su vida y que se ha dañado su identidad masculina, hegemónica y patriarcal, incrementándose el riesgo del ejercicio de la violencia, tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas. Este escenario propicia el abuso financiero a través de la apropiación ilegal de los recursos económicos de las personas mayores, cuyos victimarios en mayor porcentaje son los hijos varones de mediana edad, desocupados, con consumo problemático de drogas y/o alcohol.
Consideramos que la situación de aislamiento social obligatorio puede derivar en un aumento de los casos de violencias perpetradas hacia las personas mayores y en una disminución de los recursos disponibles para solicitar asistencia en el marco de la emergencia sanitaria. Pensemos que una de las estrategias que utilizan los victimarios para perpetuar su poder es aislar a la víctima, lo cual está considerado uno de los principales factores de riesgo para el incremento de la violencia. Es por ello que la proximidad física con el perpetrador, al permanecer confinados en el hogar durante la cuarentena, obstaculiza las posibilidades de acceso a los recursos para salir de la situación de violencia.
Los centros de jubilados y las organizaciones de la sociedad civil suelen formar parte de las redes comunitarias donde participan las personas mayores y los primeros espacios a los que recurren en búsqueda de apoyo ante esta problemática, lo cual se ve afectado en la situación de cuarentena.
Pero esta pandemia puso en evidencia otro tipo de violencia que se encuentra más invisibilizada y naturalizada, la violencia simbólica, la cual está vinculada a las concepciones estereotipadas, actitudes prejuiciosas y trato desigual a una persona mayor en función de su edad. En relación a esto, se acentúan en nuestra sociedad múltiples concepciones que asocian la vejez con la inutilidad, la debilidad y la imposibilidad de tomar decisiones, lo cual puede incidir en forma negativa en la salud emocional de las personas mayores. Con el correr de los días en cuarentena, han circulado en los medios de comunicación innumerables concepciones acerca de la fragilidad emocional de las personas mayores para enfrentar el confinamiento. Sin embargo, son quienes menos transgreden el aislamiento preventivo y obligatorio. Por otra parte, tenemos que considerar que las personas mayores, por su experiencia, han vivido más situaciones adversas, pérdidas y duelos que otras generaciones más jóvenes, lo cual también provee mecanismos de afrontamiento ante situaciones de crisis.
Es fundamental reforzar las acciones y dispositivos de atención a las personas mayores en situación de violencia en el marco de la Emergencia Sanitaria, establecer estrategias de comunicación para facilitar el acceso a los recursos institucionales, así como el acceso a Justicia. Las redes entre vecinos pueden ser un recurso de utilidad para promover el compromiso con el entorno, considerando que éstos suelen ser quienes consultan y denuncian casos de personas mayores dependientes en situación de violencia en el ámbito doméstico.
Promover espacios en los Organismos Judiciales, Sociales, de Salud, Seguridad y Educación para deconstruir la imagen social de la vejez, y remover prejuicios que sirven de fundamento a las violencias, va a facilitar el trato adecuado de la problemática, evitando situaciones de revictimización hacia este grupo etario.
Por otra parte, la Convención Interamericana de protección de los derechos de las personas mayores representa un marco normativo que marca el rumbo de las acciones gerontológicas desde el enfoque de derechos, para garantizar un envejecimiento activo, saludable, con calidad de vida y dignidad. En su Artículo 5 hace referencia al rol más activo que deben asumir los Estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, así como adoptar y fortalecer medidas de protección especial de las personas mayores, sean legislativas, judiciales, administrativas o presupuestarias
Implementar políticas públicas que garanticen el acceso de las personas mayores a las tecnologías de información y comunicación reviste gran importancia ya que evita la perpetuación del aislamiento. Por otra parte, ante una pandemia, donde se han dispuesto restricciones a las aglomeraciones de personas, las tecnologías minimizan y resuelven las limitaciones espacio-temporales para que las personas mayores continúen comunicadas y se promueva el aprendizaje colaborativo y cooperativo, facilitando el acceso a los recursos locales en situaciones de violencia.
La Superintendencia de la Cámara Nacional en lo Civil ordenó, desde que rige la cuarentena obligatoria, prorrogar automáticamente por sesenta días las medidas cautelares de protección para víctimas de violencia que vencieron en los últimos 40 días antes de iniciada la cuarentena, o que vencieran dentro de la cuarentena por COVID 19. Esto incluyó medidas como exclusiones del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión y otorgamiento de dispositivos como botones antipánico y tobilleras, entre otras. Esta decisión judicial representa un avance fundamental para proteger los derechos de las víctimas y evitar la perpetuación de la violencia en la situación de emergencia sanitaria.
La crisis seguramente nos posibilite reflexionar sobre la situación actual de las personas mayores y el significado del envejecimiento en nuestras sociedades. Sin dudas, la pandemia dejará a la luz las prioridades y el contexto actual como espejo para reflexionar sobre la calidad de vida que proyectamos para las vejeces.
La Lic. Alejandra Vázquez es Especialista en violencia familiar. Coordinadora del Programa Proteger del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Docente de la carrera de Especialización en Psicogerontología en la Universidad Maimónides. Docente de la Carrera de Especialización en violencia familiar de la Universidad Museo Social Argentino (UMSA).
